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Más de 200 mil profesores afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) e integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), solicitaron la protección del Poder Judicial de la Federación para que no entre en vigor la reforma educativa.

Según datos del Consejo de la Judicatura Federal se han recibido mil 200 solicitudes grupales e individuales, en las cuales se han aglutinado los más de 200 mil mentores que habían promovido juicios de amparo hasta el pasado 14 de abril, un día antes de que se cerrara el plazo legal para interponerlos.

El abogado Manuel Fuentes Muñiz, quien encabeza el equipo jurídico del Comité Nacional Democrático del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, informó a La Jornada en días pasados que los profesores tienen la posibilidad de ser beneficiados con el amparo de la justicia federal porque, según sus consideraciones, la reforma educativa viola tratados internacionales en materia de derechos humanos.

Explicó que las modificaciones a los artículos tercero y 73 constitucional atentan contra los pactos y convenios internacionales signados por México, ya que reducen derechos laborales a administrativos, afirmó Fuentes Muñiz.

El litigante mencionó que los profesores del país perderían toda posibilidad de una relación bilateral con su empleador, en este caso la Secretaría de Educación Pública (SEP), y con ello no podrán hacer valer sus derechos reconocidos en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, como la inamovilidad en el empleo, y se pierde la protección del artículo 123 constitucional.