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Las reformas constitucionales que protegen a la vida desde la concepción reforzaron la criminalización de las mujeres por aborto en el periodo 2009-2011 y pese a las promesas de campaña del presidente Enrique Peña de combatirla, no existen indicios dentro de sus políticas públicas para revertir este hecho, advirtió la directora del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), Regina Tamés.

Al presentar el informe “Omisiones e indiferencia derechos reproductivos en México”, Tamés detalló que las denuncia por el delito de aborto se incrementó y pasó de 62 mujeres durante el periodo 1992-2007, a 679 entre 2009-2011 Si bien las mujeres son criminalizadas por este hecho, el Estado fue reprobado en materia del cumplimiento de sus derechos reproductivos.

Basta revisar que en casos donde el embarazo es producto de una violación, la interrupción del mismo es legal en todo el país; sin embargo, en últimos cinco años solamente se emitieron 39 autorizaciones en todas las entidades, lo que a decir de Tamés es precario y nulo El informe destaca que debido a las restricciones legales y el escaso acceso al aborto, las mujeres están en riesgo de ser procesadas por cometer delito de aborto. Incluso en asuntos que presentan alguna de las causales legales o se trata de aborto espontáneo, la organización ha registrado ocho casos documentados de junio del 2011 a enero del 2013 de mujeres que han sido sujetas a procesos penales por esta falta.

Además, las mujeres víctimas de violación sexual no acceden de forma efectiva a los servicios de anticoncepción de emergencia, pese a la NOM 046, que al Sistema Nacional de Salud a ofrecerla en un lapso no mayor a las 120 horas.