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No hay ciencia que avale el test de virginidad que imponen policías, jueces y abogados en Afganistán; sin embargo, miles de jóvenes afganas han sido encerradas tras haber “fallado” la prueba que se emplea en el país para demostrar que una mujer virgen ha tenido relaciones sexuales con un hombre fuera del matrimonio o ha sufrido una agresión sexual.

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Tras las constantes denuncias de grupos de defensa de los derechos humanos contra una práctica que conlleva consecuencias nefastas para las afectadas, el Gobierno afgano decidió prohibirla, pero los exámenes ginecológicos siguen ejecutándose, casi todos, sin el consentimiento de la mujer.

“La realidad es que muchas mujeres se encuentran en situaciones muy difíciles debido a los tests de virginidad”, explica el director de Marie Stopes Internacional en Afganistán, Fahrad Javid. “Enfrentan el acoso, la cárcel, la repulsa de la familia y, en algunos casos, la pena de muerte”, advierte el activista, que conoció el drama de cerca cuando varias mujeres fueron encerradas por no haber superado el denigrante test.

Los invasivos tests de virginidad consisten en introducir dos dedos en la vagina de una mujer para verificar si el himen sigue intacto, un método tan poco fiable que la Organización Mundial de la Salud ha negado que tenga ninguna validez científica y ha advertido a los trabajadores de la salud que nunca deben realizarlos.

“Muchas personas creen erróneamente que la virginidad se puede determinar porque el himen siempre se rompe cuando una mujer o niña tiene relaciones sexuales por primera vez. Esto simplemente no es verdad”, argumenta la investigadora senior en la División de Derechos de las Mujeres de Human Rights Watch (HRW), Heather Barr.

Además, la prueba en sí misma está considerada una agresión sexual, porque en la mayoría de los casos se lleva a cabo sin el consentimiento de la mujer o niña y, en algunas ocasiones, ante la mirada de varios hombres.

Los tests de virginidad fueron prohibidos el año pasado y así lo contempla el nuevo Código Penal afgano que entró en vigor el pasado febrero. Sin embargo, son todavía muchos los centros de salud que llevan a cabo la prueba por orden de autoridades policiales y judiciales.