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El hábito de la bebida es una profunda costumbre social y protocolar, pero puede hacer estragos entre políticos y empleados.

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La provincia de Guizhou impuso la ley seca a sus funcionarios. Es la sexta provincia en hacerlo, pero no es una más, porque de sus montañas sale el grueso de la producción nacional de baijiu o vino blanco, que trasiegan los chinos con cualquier excusa.

La regulación afecta a todos los empleados en oficinas gubernamentales y compañías estatales y prohíbe que se compre alcohol con fondos públicos.

Los funcionarios ni siquiera podrán catarlo en horario de oficina ni en almuerzos. Sólo se contemplan excepciones en eventos de negocios o recepciones a extranjeros, y en ese caso, el departamento disciplinario concretará las cantidades permitidas.

Las transgresiones serán castigadas sin compasión y los altos cargos responderán de lo que beban sus subordinados.

Una ley nacional prohibió en 2012 los licores caros en cumplimiento de la campaña contra la corrupción y el despilfarro ordenada por el presidente Xi Jinping.

Los prejuicios del consumo de alcohol por parte de los empleados públicos son varios: el quebranto del erario, la mala imagen de funcionarios encerrados durante horas en reservados de restaurantes y su escasísima eficacia cuando vuelven a sus quehaceres, si es que vuelven.