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La suspensión de derechos de los militantes aplicada al gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, y a seis de sus colaboradores tiene calidad de medida cautelar, puntualizó la Comisión Nacional de Justicia Partidaria priista.

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Esta decisión se justifica por la afectación irreparable que sufre la imagen del Partido Revolucionario Institucional, ante la constante difusión de información que vincula al PRI con el mandatario y los demás denunciados, sobre las conductas graves de que se les acusa.

El instituto político detalló que la finalidad de esas acciones es preservar la materia del juicio durante lo que se tarde, hasta que el expediente tenga todos los elementos necesarios para que haya una resolución definitiva, a fin de asegurar su eficacia.

La instancia partidista mencionó en un comunicado que la adopción de esas medidas cautelares garantiza el cumplimiento de la finalidad del procedimiento de investigación.

Éste consiste en determinar la responsabilidad o no de los sujetos a los que se les imputa de llevar a cabo conductas infractoras para imponer la sanción correspondiente, sin que ello implique la lesión irreparable de algún otro derecho de las partes.

Además del gobernador de Veracruz, han sido sujetos a esta medida cautelar los priistas Juan Carlos Rodríguez García, José Antonio Chara Mansur Beltrán, Gabriel Deantes Ramos, Arturo Bermúdez Zurita, Israel Ramos Mange y Daniel Cordero Gálvez.

De acuerdo con los registros del Padrón de Militantes priista, Rodríguez García y Chara Mansur Beltrán sí están registrados como militantes, razón por la cual se ha dado trámite a las denuncias señaladas.

En el expediente están las constancias de militancia expedidas por el Registro Partidario Nacional, del Revolucionario Institucional.

“Al encontrarse inscritos en nuestro padrón de militantes y dada la oportunidad de la medida cautelar citada, es que se les ha suspendido sus derechos, quedando la determinación final sujeta al desahogo del procedimiento sancionador en su totalidad”, finalizó el comunicado de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria.

Rodríguez García fue director Jurídico de las secretarías de Desarrollo Social y de Salud; José Antonio Chara Mansur Beltrán, era el secretario de Finanzas, y Arturo Bermúdez Zurita fungió como secretario de Seguridad Pública, todos en Veracruz.

Gabriel Deantes Ramos, en tanto, fue secretario del Trabajo y subsecretario de la Secretaría de Finanzas y Planeación, en tanto que Israel Ramos Mange y Daniel Cordero Gálvez son notarios.

(ntx)