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La Procuraduría General de la República refrendó su compromiso con la sociedad para investigar los agravios cometidos en contra de 43 alumnos de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa y otras víctimas, en Iguala, Guerrero.

caso iguala

En un comunicado, la dependencia federal recordó que a dos años de los sucesos continúa trabajando arduamente a fin de llevar a los responsables ante los tribunales y que las víctimas de estos lamentables acontecimientos accedan a una justicia efectiva y se les repare el daño.

La PGR indicó que los hechos de Iguala dieron pie a la investigación penal más trascendente, exhaustiva y con el uso de tecnología de punta en la historia de la procuración de justicia en México, al contar con actuaciones sin precedentes en materia de transparencia, colaboración internacional y trabajo cercano con las víctimas.

Además de ser la indagatoria más observada en materia de derechos humanos.

Respecto a este último punto, efectivamente destacó la Procuraduría, se trata de una investigación ministerial que en un hecho inédito y por sus características particulares es revisada, simultáneamente, en el ámbito interno por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

La cual como parte de su investigación por violaciones a los derechos humanos, ha emitido 47 observaciones y propuestas a la PGR, mientras que a nivel interamericano, a través del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes establecido a partir de la asistencia técnica solicitada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y en ese camino formuló 941 peticiones diversas que han sido atendidas en un 93 por ciento.

La PGR reiteró que la investigación del “Caso Iguala” sigue abierta y que trabaja en todo momento para esclarecer los hechos.

La prospectiva de la indagatoria está orientada a llevar a cabo una actuación exhaustiva con la mayor apertura y transparencia, que las víctimas estén informadas sobre su desarrollo y desde luego, que las instituciones protectoras de los derechos humanos como la CNDH, puedan cumplir con sus atribuciones.

Uno de los cuatro ejes rectores que la maestra Arely Gómez González se comprometió a adoptar ante el Senado de la República al protestar el cargo de Procuradora General de la República en marzo de 2015, fue el respeto a los derechos humanos.

Ello no solamente en cumplimiento al mandato contenido en los artículos 1 y 21 de la Constitución, sino convencida de que la procuración de justicia en el siglo XXI debe aspirar a los más altos estándares en la investigación de los delitos y fortalecer la atención a las víctimas, a través del mayor acompañamiento institucional que les brinde confianza, seguridad y certeza.

(ntx)