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La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) negó haber sido testigo de las diligencias practicadas por la Procuraduría General de la República (PGR) en el río San Juan, como lo aseguró ayer el director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio.

Agustin Garcia Reyes

El funcionario había señalado que en las diligencias realizadas el 28 de octubre de 2014, las cuales fueron hechas públicas a través de un video presentado el pasado domingo por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), y de las que no hay constancia en el expediente respectivo, se contó con la presencia de dos representantes del alto comisionado de las Naciones Unidas, de nombres Pilar San Martín y Omar Gómez Trejo, quienes junto con la prensa pudieron atestiguar su presencia junto a la de Agustín García Reyes, uno de los detenidos.

Sin embargo el día de hoy, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos precisó que, en la fecha señalada, su personal arribó en un helicóptero de la PGR al campo de fútbol de Cocula alrededor de las 16:10 horas para trasladarse de manera inmediata al basurero de Cocula, con el objetivo de documentar los supuestos hallazgos relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en el mencionado basurero, en el marco de su mandato de observación.

La ONU-DH subrayó que nunca llegó al Río San Juan, y por ende no fue testigo de las diligencias practicadas por la PGR en la zona; así como tampoco tuvo conocimiento de la presencia de García Reyes en el lugar.

Por lo anterior, la ONU-DH manifestó “su extrañamiento por la mención a su presencia y rol en actividades de la PGR en las que nunca participó, así como por la innecesaria exposición mediática de la imagen y los nombres de una funcionaria y un exfuncionario de esta Oficina”.

La ONU-DH hizo también un llamado a focalizar todos los esfuerzos en el esclarecimiento del paradero de los estudiantes; la investigación, juzgamiento y sanción de los responsables; la reparación de las víctimas; y la plena implementación de las recomendaciones del GIEI, en los términos manifestados por el presidente Enrique Peña Nieto y la procuradora Arely Gómez el pasado domingo.

Por último, la ONU-DH reiteró su solidaridad con las víctimas, sus familiares y defensores y ofreció su plena disponibilidad para brindar la asesoría y acompañamiento que se requieran.