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Con la nueva Ley de Disciplina Financiera, el Estado mexicano tiene nuevos y mejores instrumentos para contar con finanzas públicas sanas, pues la estabilidad es condición indispensable para que México siga avanzando con paso firme, destacó el presidente Enrique Peña Nieto.

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Durante la Promulgación de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, el mandatario federal afirmó que con esta legislación “México da un paso importante en favor de finanzas públicas sanas y de la solidez de nuestra economía”.

En el Patio Central de Palacio Nacional, destacó que esta ley permite que las finanzas públicas locales sean sostenibles a mediano y largo plazos; además de que con el sistema de alertas los ciudadanos conocerán los niveles de endeudamiento de los entes públicos locales.

Esta normatividad, destacó, evitará que las finanzas estatales y municipales pongan en riesgo la estabilidad macroeconómica del país, al poner un tope a la deuda y alertar en caso de que las autoridades abusen de los recursos que están contratando con instituciones crediticias.

Permitirá reducir los costos de la deuda pública a los estados y municipios, además de que el Registro Público Único permitirá transparentar la totalidad de las obligaciones de los entes públicos locales.

Peña Nieto afirmó que al inicio de su administración se tomó la decisión de reducir el endeudamiento de los estados, pues de 2008 a 2013 la deuda de las entidades crecía a niveles de 14.5 por ciento anual, lo que ponía en riesgo la estabilidad económica de México.

Frente a gobernadores y alcaldes del país, el titular del Ejecutivo federal subrayó que es “una obligación del Estado mexicano velar por la estabilidad de las finanzas públicas del país, incluido sus estados y municipios, así como la Ciudad de México”.

La nueva legislación permitirá reducir los costos de la deuda pública a las entidades federativas y los municipios, mediante la obligación de que la totalidad de las contrataciones de deuda de los entes públicos locales se hagan mediante procesos competitivos.

Asimismo, establece requisitos y condiciones para que el gobierno pueda otorgar un aval federal a la deuda contratada por estados y municipios, lo que conducirá a menores costos de financiamiento.

Adicionalmente establecerá un Registro Único que permitirá inscribir y transparentar la totalidad de las obligaciones que contraten los entes públicos locales, independientemente de su modalidad, ya sea deuda, asociaciones público privadas, deudas de corto plazo u otras.

(ntx)