Seleccionar página

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), cuyo mandato termina el próximo 30 de abril, presentó ayer domingo su segundo informe sobre el caso Iguala, el cual fue altamente crítico del gobierno mexicano por la falta de cooperación con la investigación.

giei 2 inf

El informe fue entregado a James L. Cavallaro, quien a nombre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y como Relator para México, agradeció el “invaluable trabajo realizado por el Grupo”.

En el evento realizado en la Universidad del Claustro de Sor Juana en la Ciudad de México, Cavallaro convocó a las autoridades a considerar las recomendaciones planteadas en el informe, y continuar con la búsqueda de los normalistas desaparecidos.

Por su parte, los integrantes del GIEI señalaron en sus conclusiones que los jóvenes normalistas de Ayotzinapa no se encontraban infiltrados por el crimen organizado ni habían acudido a boicotear un acto político.

Los expertos señalaron que a partir de nueva evidencia, se concluye la participación en los hechos en distintos grados de la Policía Estatal Preventiva, Policía Ministerial Estatal, Policía Federal, Policía Ministerial Federal y del 27° Batallón de Infantería, y reiteraron la necesidad de determinar su responsabilidad.

El Grupo de Expertos denunció irregularidades en el levantamiento y procesamiento de la evidencia supuestamente recogida en el río San Juan, como la posible llegada de personal de la PGR un día previo al que se asentó en el expediente y la realización de actuaciones no formalizadas en el mismo.

Ratificaron, asimismo, la imposibilidad de una quema masiva de cuerpos en el basurero de Cocula, lo que contradice la “verdad histórica” sostenida por el gobierno. El GIEI documentó que al menos seis teléfonos de los normalistas tuvieron actividad horas y días después de la noche del 26 de septiembre, en contraste con lo dicho por la Procuraduría General de la República (PGR) respecto de la destrucción de todos los teléfonos en el basurero de Cocula.

El GIEI también acusó al gobierno de no haber seguido líneas de investigación claves -como la teoría del quinto camión que transportaría droga-, proteger a oficiales sospechosos de haber participado en las desapariciones forzadas y de torturar a presuntos sospechosos para asegurar “confesiones” que reforzaran la teoría sostenida por el gobierno.

El GIEI detalló que su informe contiene 22 recomendaciones entre las que se encuentran el utilizar mecanismos tecnológicos en la búsqueda de los normalistas desaparecidos y evitar la revictimización de los afectados, la cual ha sido una constante en el trato del Estado mexicano hacia las víctimas.

Finalmente, reafirmó que su mandato no se había agotado y que culmina su labor por decisión del gobierno mexicano; no obstante, enfatizó que la supervisión internacional sobre el caso sigue siendo indispensable.

En respuesta,  el subprocurador de Derechos Humanos y Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGR, Eber Betanzos, expresó que no existe un antecedente que vincule jurídico-penalmente al Ejército Mexicano con los hechos de la desaparición y lesiones a normalistas.

Dijo que el 17 de julio de 2015, los integrantes del GIEI estuvieron presentes durante la toma de declaración de ocho estudiantes normalistas agredidos y ninguno de ellos formuló imputaciones a corporaciones federales de estar involucrados en el ataque.

Sobre el quinto autobús, señaló que su presencia fue integrada en el expediente desde que la PGR atrajo la investigación.

En el caso del incendio en el basurero de Cocula, sostuvo que el panel de especialistas de fuego realizó su análisis con base en toda la evidencia contenida en el expediente, inclusive observable físicamente, “para afirmar que sí existió un evento de fuego controlado”.

Betanzos señaló que el Caso Iguala representa la investigación penal más exhaustiva de la historia de la procuración de justicia en México y reiteró el compromiso con los padres de los normalistas desaparecidos para determinar qué ocurrió con sus hijos, por lo que de manera permanente se siguen realizando acciones de búsqueda.

Finalmente, Betanzos señaló que la PGR expresa su reconocimiento a los integrantes del GIEI, cuyas aportaciones a la investigación han sido incorporadas al expediente y que en todo momento, la procuraduría ha brindado al GIEI las mayores facilidades y acceso pleno a la información para el desarrollo de su labor.

“De acuerdo con las instrucciones del Presidente Enrique Peña Nieto, serán analizadas con apertura, responsabilidad y apego a derecho”.