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El Ministerio Público (MP) de Guatemala reiteró hoy que cuenta con elementos suficientes para llevar a juicio al expresidente Otto Pérez Molina, señalado de encabezar la estructura criminal y de corrupción denominada La Línea.

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El fiscal a cargo del caso, Francisco Sandoval, dijo a periodistas que existe evidencia documental necesaria para sustentar el juicio contra el exmandatario.

El MP cuenta con un “colaborador eficaz”, un exmiembro prominente de La Línea, cuyo testimonio y pruebas presentadas fundamentan la acusación y responsabilidad de Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Baldetti.

El MP y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), dependiente de Naciones Unidas, anunciaron el 16 de abril de 2015 la desarticulación del grupo criminal La Línea, dedicado a la defraudación aduanera.

El caso ha llevado a proceso a 60 personas, incluidos Pérez Molina, Baldetti, los extitulares y funcionarios de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y particulares.

Según el MP, se han presentado al juzgado como evidencias 88 mil 920 llamadas telefónicas, cinco mil 906 correos electrónicos, 175 mil pruebas forenses y documentos financieros de unos tres millones de dólares que obtuvieron en ganancias ilícitas.

En el caso, que registra 650 mil folios, se cumplieron 74 allanamientos que resultaron en decenas de capturas de autoridades y particulares por corrupción en la autoridad recaudadora de impuestos.

Pérez Molina renunció el pasado 3 de septiembre a la presidencia y desde entonces guarda prisión provisional, en espera de que el Juzgado Primero de Mayor Riesgo “B” decida si lo somete a juicio oral y público.

La ex vicepresidenta Baldetti, acusada junto con Pérez Molina de encabezar al grupo criminal de la SAT, renunció por el escándalo de corrupción el 8 de mayo del año pasado y fue detenida el 21 de agosto.

Baldetti suma tres procesos por corrupción, el de La Línea, el del supuesto rescate ambiental del Lago de Amatitlán -con una inversión millonaria- y el del caso del usufructo de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).

El caso TCQ se refiere a un contrato -al parecer irregular, a cambio de sobornos-, concedido por Pérez Molina a una empresa española que invirtió 255 millones de dólares en nuevas instalaciones en Puerto Quetzal, en la costa del Pacífico, el más importante del país.

De acuerdo con el MP y la CICIG, Pérez Molina y Baldetti se beneficiaron con parte de un soborno de 24.5 millones de dólares por autorizar el usufructo a TCQ.

Ambos, junto con nueve detenidos fueron citados por el Juzgado Primero de Mayor Riesgo “B” para la audiencia de primera declaración en el caso TCQ, que se realizará este miércoles en la Torre de Tribunales del Organismo Judicial.

(ntx)