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El presidente de México, Enrique Peña Nieto, propuso hoy un “cambio de fondo” para atender el flagelo de las drogas desde una perspectiva de derechos humanos y salud pública que reforme el enfoque sancionador y evite criminalizar a los consumidores.

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En la Sesión Especial de la Asamblea General de la ONU sobre Enervantes (UNGASS) -propuesta por México, Colombia y Guatemala- Peña Nieto reconoció que el esquema prohibicionista, la llamada “guerra contra las drogas” no ha inhibido ni la producción, ni el tráfico ni el consumo.

“Transitemos de la mera prohibición a una efectiva prevención y a una eficaz regulación. Miles de vidas depende de ello”, subrayó.

La perspectiva presidencial fue delineada a través de un decálogo de propuestas presentado ante los delegados presentes en la sesión, dedicada a revisar la actual estrategia internacional contra las drogas y definir mejores soluciones.

Peña Nieto señaló que su propuesta derivó del amplio debate nacional sobre el uso de la marihuana, al que convocó el gobierno de México, con expertos, académicos y representantes de la sociedad civil.

“Como presidente de México, en esta Sesión Especial doy voz a quienes ahí expresaron la necesidad de actualizar el marco normativo, para autorizar el uso de la marihuana con fines médicos y científicos”, dijo en medio de un nutrido aplauso de miembros de la sociedad civil.

Recordó que los participantes de los foros expusieron la importancia de elevar en congruencia con estándares internacionales, la cantidad de marihuana que puede ser considerada para uso personal, con la finalidad de no criminalizar a los consumidores.

“En próximos días, el gobierno de México expondrá las acciones específicas que se tomarán en esta dirección, en apego a los principios de salud pública y Derechos Humanos que hemos propuesto en esta Sesión Especial”, anunció.

Peña Nieto argumentó que “ante las limitaciones del paradigma prohibicionista, se debe atender el tema mundial de las drogas desde la perspectiva de los Derechos Humanos. Sólo así, podremos ofrecer respuestas más integrales, equilibradas y promotoras del desarrollo”.

“Con firmeza, debemos continuar haciendo lo que ha funcionado. Con flexibilidad, debemos cambiar aquello que no ha dado resultados”, señaló ante decenas de representantes mundiales, incluido el presidente de Guatemala, Jimmy Morales.

“Este cambio de fondo, implica modificar el enfoque eminentemente sancionador, para ubicar a las personas, sus derechos y su dignidad -no a las sustancias ni a los procesos judiciales- en el centro de nuestros esfuerzos”, precisó.

En su mensaje, Peña Nieto señaló que México forma parte de las naciones “que han pagado un alto precio, un precio excesivo en términos de tranquilidad, sufrimiento y vidas humanas; vidas de niños, jóvenes, mujeres y adultos”.

“Como pocos, conocemos las limitaciones y las dolorosas implicaciones del paradigma eminentemente prohibicionista”, añadió.

Por ello, señaló que durante su administración se ha buscado atender el fenómeno de las drogas de una forma más integral, con una estrategia que evite generar mayor violencia y en la que prácticamente participan todas las secretarías del gobierno de México.

Destacó que se ha logrado la detención de los principales líderes criminales y se ha acotado la violencia a regiones específicas del país, destruido sembradíos y laboratorios de droga, y reducido la demanda a través de programas preventivos entre niños y jóvenes.

“Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados y los resultados alcanzados, no estaremos totalmente libres de la amenaza criminal, mientras siga existiendo una creciente demanda internacional de estupefacientes”, indicó.

Por ello, propuso un decálogo que contempla el principio de responsabilidad común y compartida entre las naciones; reforzar el frente común ante la delincuencia organizada transnacional, para cerrar espacios a sus operaciones financieras y delitos conexos; y una mayor coordinación y colaboración entre las propias agencias especializadas del sistema de las Naciones Unidas.

Asimismo, atender los daños sociales relacionados con el mercado ilícito de drogas; atender el tema mundial de las drogas desde la perspectiva de los Derechos Humanos; y atender el consumo de drogas como un problema de salud pública.

También, privilegiar penas proporcionales y alternativas al encarcelamiento en los delitos relacionados con drogas, que incorporen también una perspectiva de género y, finalmente, asegurar la disponibilidad y un mejor acceso de las sustancias controladas para fines médicos y científicos, evitando al mismo tiempo, su desviación, uso indebido y tráfico.

(ntx)