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La Unidad de Asuntos Internos de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) y la Procuraduría General de la República investigan un video difundido recientemente, en el cual se observa a integrantes de las fuerzas armadas y policía federal causando semi-asfixia y amenazando a una mujer con utilizar otras técnicas de tortura.

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Los hechos que habrían ocurrido el 4 de febrero de 2015 en el municipio de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, han sido reconocidos hoy por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a través de un comunicado oficial, donde revela que tuvo conocimiento de los hechos que se muestran en video el 10 de diciembre 2015, “dándole inmediatamente vista al Agente del Ministerio Público Militar, quien integró la averiguación previa correspondiente a fin de reunir los elementos de prueba para ejercer acción legal en contra del personal involucrado”.

La Sedena informó que en enero de este año, se dictó auto de formal prisión a un Capitán y a una Soldado Policía Militar como presuntos responsables del delito de desobediencia, quienes se encuentran en prisión militar.

Por su parte, la Comisión Nacional detalló en un comunicado que por instrucciones de su titular, Renato Sales Heredia, comenzó una indagación.

La Procuraduría General de la República (PGR) reveló, a su vez, que el 7 de enero de este año abrió una averiguación previa por lo ocurrido el 4 de febrero de 2015 en Ajuchitlán del Progreso, Guerrero.

El titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, José Guadalupe Medina Romero, precisó que se analiza la probable responsabilidad de dos elementos del Ejército mexicano y uno de la Policía Federal en hechos probablemente constitutivos del delito de tortura.

La Procuraduría detalló que hasta el momento se han practicado diversas diligencias y que en todo momento se ha contado con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Comisión Nacional de Seguridad, para realizar las diligencias e inspecciones que han sido necesarias.

La PGR reiteró que en este, como en todos los casos, actuará con todo el rigor que la ley permite a efecto de evitar la impunidad de cualquier conducta ilícita.

En tanto, Amnistía Internacional pidió garantizar de inmediato una investigación imparcial, independiente y efectiva de los hechos, y señaló que la actuación de las fuerzas de seguridad en el video muestra como la tortura se usa para obtener “confesiones” y testimonios que sirven de prueba para enjuiciar a personas que podrían estar o no implicadas en un delito.

La organización hizo un llamado a la PGR para que informe sobre el estado de la investigación, y en caso de encontrar elementos de prueba sobre su posible responsabilidad, se lleve a las personas ante tribunales.

“Es urgente poner fin al papel de las Fuerzas Armadas en el desempeño de funciones policiales —que incluye detenciones, investigaciones e interrogatorios— para las que carecen de adiestramiento o de las que no rinden cuentas”, subrayó Perseo Quiroz Rendón, director ejecutivo de Amnistía Internacional México.