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El gobierno de México ratificó hoy que la labor del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que apoya las investigaciones sobre la desaparición de 43 estudiantes en el estado de Guerrero terminará el próximo 30 de abril.

giei labor
El subsecretario de Asuntos Multilaterales y de Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México, Miguel Ruiz Cabañas, dijo que para el gobierno la labor del GIEI terminará al finalizar la prórroga que la propia entidad solicitó.

“Ellos pidieron estos seis meses de prórroga en octubre del año pasado y cuando concluya su mandato, así terminará para nosotros”, dijo el funcionario en entrevista.

En el marco de su participación en el 157 periodo de sesiones de la CIDH, indicó que el gobierno de México está a la espera de las recomendaciones finales que entregará el grupo, mismas que serán incorporadas a la investigación “como ha sido hasta ahora”.

Apuntó que el gobierno mexicano ya fijó su posicionamiento sobre la labor del GIEI a través del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en el sentido de que no considera necesario extender el plazo de sus labores.

“Nosotros pensamos que ya concluyó ese plazo (…) estamos muy satisfechos con las contribuciones que han hecho a la investigación que lleva a cabo la Procuraduría General de la República, pero esta es una responsabilidad, la investigación, de la PGR”, asentó.

El funcionario dijo desconocer si el grupo ha solicitado una nueva prórroga para continuar con su trabajo.

Asimismo, rechazó cualquier nexo con una presunta campaña de desprestigio contra el GIEI o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su secretario ejecutivo.

“Ningún funcionario del gobierno de México tuvo algo que ver con la denuncia penal que se presentó en contra del secretario ejecutivo de la CIDH, ni mucho menos fue un ataque contra la CIDH”, afirmó.

El funcionario explicó que la demanda de fraude por dos millones de dólares contra el secretario ejecutivo, Emilio Álvarez Icaza, fue presentada por un particular.

Al respecto, dio a conocer que la Procuraduría General de la República, encargada de investigar las denuncias que se presentan, ya anunció que la demanda fue desechada por no cumplir con los requisitos de ley y “no como un acto político”.

Explicó que el denunciante “no tenía los derechos para hacer una denuncia como la que hizo, por no ser el titular de los derechos patrimoniales del Estado mexicano”.

El funcionario también rechazó que el gobierno mexicano tenga un doble discurso, debido a su posición crítica frente al reciente informe de la CIDH sobre la situación de los derechos humanos en el país.

“No estamos de acuerdo con el diagnóstico por una razón: porque no es el Estado mexicano el causante de la violencia, son las organizaciones criminales las que causan la violencia y el Estado mexicano ha debido responder haciendo uso de los recursos que tiene a su disposición”, apuntó.

Las palabras de Ruiz Cabañas fueron la respuesta a la crítica hecha antes en la audiencia por el comisionado brasileño Paulo Vannuchi, quien denunció un “fuerte ataque de autoridades públicas de México” a la labor del GIEI y el “daño irreparable” infligido al secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza.

“Es un poco cobarde porque debía ser un ataque a la Comisión. Todo el trabajo de Emilio fue en nombre de los comisionados”, añadió.