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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechazó categóricamente la campaña de desprestigio que, dijo, tiene lugar en México contra el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y contra el secretario ejecutivo, Emilio Álvarez Icaza Longoria.

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Mediante un comunicado, la CIDH rechazó además la averiguación previa iniciada contra Emilio Álvarez Icaza por un presunto delito de fraude en perjuicio del Estado mexicano en relación con el trabajo del GIEI, tras una denuncia radicada en el contexto de esta campaña de descalificación.

La Comisión destacó que Álvarez Icaza, en su carácter de secretario ejecutivo de la CIDH, al firmar el acuerdo de cooperación con México actuó en representación de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), y la contribución financiera voluntaria del Estado mexicano para la instrumentación del acuerdo fue depositada directamente a las cuentas de la Secretaría General de la OEA, por medio de su Secretaría de Administración y Finanzas. La CIDH no administró estos recursos, por tanto tampoco lo hizo el secretario ejecutivo.

Por ello, la CIDH consideró inadmisible la apertura de una averiguación previa sobre la base de esta denuncia, que por no contener ningún hecho constitutivo de delito, resulta temeraria e infundada.

Asimismo, la CIDH recordó que los miembros que formarían parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) fueron elegidos en acuerdo con el Estado y con los representantes de los estudiantes, siendo que en el cuerpo de la denuncia se establece que Álvarez Icaza nominó a personas no aptas y engañó al Estado Mexicano.

Finalmente, la Comisión reiteró su respaldo al trabajo realizado por el GIEI en todos sus aspectos y acompaña los informes y las recomendaciones presentadas por el Grupo.

Cabe destacar que el informe de investigación y primeras conclusiones del GIEI, presentado el 6 de septiembre de 2015, señala irregularidades, inconsistencias y/o ausencias en la investigación de los hechos por parte de las autoridades estatales. En particular, el GIEI cuestiona “la versión histórica” de los hechos dada a conocer meses atrás por el entonces procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, de que los normalistas hubiesen sido incinerados en el basurero de Cocula.