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El fenómeno “Mirrey” ha existido en la sociedad mexicana desde tiempos ancestrales. Con sus altos y bajos, este prototipo de galán es la versión mexicana del Dandy inglés, un caballero burgués con ciertos ademanes plenamente distinguibles.

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Una serie de ideologías, comportamientos, actitudes y formas que, para bien o para mal, los hacen destacarse, y en los últimos años han sido un gran tema, no solo de conversación y crítica, sino hasta de columnas y libros periodísticos.

A lo largo de los años, el concepto de “Mirrey” ha sufrido algunas modificaciones; sin embargo, conserva ciertas características que definen el ADN de este espécimen que se mueve con diligencia en la sociedad mexicana tan llena de desigualdades.

Protagonistas de episodios tan ridículos como vergonzosos, los “mirreyes” de la actualidad tienen un factor que juega tanto a favor como en contra: las redes sociales que permiten que de manera inmediata se den a conocer los actos en los que incurren estos personajes. Atrás quedaron los tiempos en los que solo el círculo cercano se enteraba de sus acciones, que en muchas ocasiones, eran como “leyendas urbanas”.

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Ejemplos hay miles, pero sin duda en estos días, el escrutinio público se ha dado por el caso de “Los Chacales del Rougier” o “Los Porkys de Costa de Oro”, un grupo de jóvenes, cuyo único mérito en su corta vida, es la de ser hijos de funcionarios públicos y empresarios ligados al poder. Pero no solo eso; también son señalados por “presunto” tráfico de mujeres y niñas con fines de explotación sexual y debido a sus vínculos familiares y amistosos, gozan de un halo de impunidad.

Desde hacía un tiempo ya se sabía de la existencia de este grupo en Veracruz, pero el año pasado empezó a sonar el caso a nivel nacional. Todo comenzó en mayo de 2015 por una denuncia que presentó Javier Arturo Fernández Torres, padre de Daphne, una joven que fue violada por cuatro integrantes de esta banda: Enrique Capitaine, Jorge Cotaita Cabrales, Gerardo Rodríguez Acosta y Diego Cruz Alonso, quienes son señalados de subir a la fuerza a la menor al interior de un auto en las afueras de una discoteca en enero de ese mismo año. Le quitaron su celular y la llevaron al domicilio de uno de ellos en el fraccionamiento residencial Costa de Oro, donde abusaron sexualmente de ella.

Según informaron algunos medios como Proceso, el padre de la víctima se reunió con los padres de los cuatro jóvenes, a quienes les pidió tres cosas: Que se disculparan con su hija y le dijeran por qué lo hicieron, grabado en video pues ella tenía miedo de verlos en persona; que en cualquier lugar en el que estuviera la joven, ellos no podrían estar; y que asistieran a un proceso terapéutico con un especialista.

Aunque los padres de los implicados se comprometieron a seguir dichas peticiones, sobrevino un desprestigio en redes sociales en contra de la familia Fernández Torres, por lo que se vieron obligados a proceder legalmente.

Con la denuncia se abrió la averiguación previa INV. MINIST: 592/15/1ESP/VER/05 MESA I. Se presentaron como pruebas los videos de los agresores, y Daphne fue sometida a las pruebas periciales que comprobaron la agresión; sin embargo, la denuncia no procedió, en una clara muestra del tráfico de influencias que ejercen las familias de “Los Porkys”, al ser cercanos al exgobernador Fidel Herrera y al actual, Javier Duarte. Aunque el fiscal de Veracruz, Luis Ángel Bravo Contreras, asegura que la investigación sigue en curso “con toda pulcritud” y que no existe “influyentismo” de ningún tipo, la campaña de desprestigio contra Daphne Fernández aún continúa.

A un año de la tragedia, el señor Fernández Torres publicó hace unos días una carta que envió a los padres de los violadores y un video en el que Cotaita Cabrales, Rodríguez Acosta, Cruz Alonso y Capitaine confiesan su crimen y se disculpan con la joven. Tanto la carta como el video se hicieron virales; en especial, éste último, sin embargo la Fiscalía General de Veracruz informó que “no significa una confesión, ni sirve como prueba, sino sólo es un indicio”.

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No obstante, el delito de violación y abuso sexual a una menor de edad es considerado una violación grave a los derechos humanos, por lo tanto no prescribe, de tal forma que la fiscalía veracruzana no sólo ha faltado al debido proceso, sino que ha revictimizado a Daphne al someterla a pruebas injustificadas como el hecho de solicitar un peritaje a los videos para que se compruebe que los acusados no estaban siendo presionados para emitir su declaración. Y en todo este proceso, ni la fiscalía ni ninguna instancia de Derechos Humanos ha ofrecido a Daphne la atención a víctimas, ni el acompañamiento requerido en este tipo de casos.

Si bien el caso de Daphne Fernández ha llamado la atención de la opinión pública, dista mucho de ser el único adjudicado a este grupo. Destacan casos como los de Columba Campillo, Melissa Espinoza y una alumna del Conalep Xalapa de la que se desconoce su nombre, las tres reportadas como desaparecidas y encontradas posteriormente con signos de violación.

Este caso tiene varias vertientes; por un lado, revela el nivel de degradación que vive un sector de la sociedad mexicana, donde la raíz está en el seno familiar; padres de familia que equivocan en el camino al formar a sus hijos; y por otro lado, está relacionado con la época de ingobernabilidad e impunidad que protege a las clases privilegiadas de forma corrupta e indolente.

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No solo los veracruzanos, todos los mexicanos no solo tenemos que enfrentar el creciente poderío de los cárteles de la droga diversificados en múltiples células al amparo de las autoridades, sino el nacimiento de otros grupos delictivos de todo tipo.

Los focos rojos de violencia aumentan en la República, pero Veracruz ocupa un lugar muy destacado. Es uno de los estados más ignorados por el gobierno federal, encabezado por una administración que poco caso hace de observaciones y exigencias de la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales, donde según cifras del gobierno local, en 2015 se registraron más de 70 feminicidios, pero que contrastan con otras que aseguran, son más de las que se tienen contabilizadas. La violencia contra las mujeres en el estado queda desdibujada entre el panorama de violencia generalizada, que, a decir verdad, tampoco es atendida como se debe, debido a la persistencia de la “ley de la selva”.

Si antes fue Fidel Herrera el gobernante que permitió que Veracruz se convirtiera en territorio Zeta, ahora es Javier Duarte quien consiente la perpetuidad de toda clase de atrocidades en un estado que está a merced del crimen.

 

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