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Abogados del empresario Carlos Ahumada demandaron el pago de 520 millones de pesos o el embargo de cuentas bancarias en contra del Partido de la Revolución Democrática y su entonces presidenta, Rosario Robles Berlanga.

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La demanda se presentó el 15 de agosto ante el Juzgado Undécimo de Distrito en Materia Civil del Distrito Federal para solventar la deuda contraída entre 2003 y 2004, misma que tendría que resolverse en un plazo de 84 días, dentro del cual podrán presentar su defensa u oponer excepciones ante el Tribunal “bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecución en su contra”, señala el documento a cargo de Edith Alarcón.

La juez deberá pronunciarse durante los próximos días.

El diputado perredista René Bejarano exigió a Ahumada Kurtz que pruebe dichas deudas pendientes que tiene el PRD con él, así como una declaración de quien fuera dirigente del partido y hoy titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles, sobre si existieron o no dichos préstamos, además de que se pronuncie sobre el caso.

El perredista también comentó que es necesario conocer el estatus jurídico del empresario, pues continúa evadiendo a la justicia por un caso de fraude en una delegación, hasta donde él sabe.

Ahumada Kurtz se hizo famoso a través de los videoescándalos de hace una década, donde se le involucraba con la entrega de dinero a políticos conocidos del PRD, por los cuales inició una demanda, la cual no va dirigida específicamente contra Rosario Robles, dado que ella firmó los pagarés como presidenta perredista y no a título personal.

En el expediente 310/14 se encuentra la petición del juez argentino Pablo Ricardo Magaquian para que sus homólogos mexicanos informen a los demandados los términos del procedimiento legal, el cual faculta al abogado de Ahumada para denunciar bienes de embargo y/o cuentas bancarias del PRD y Rosario Robles, basado en las “prerrogativas económicas de financiamiento federales y estatales que el Instituto Nacional Electoral otorga”.

Por ende, se gira orden al INE y al presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México, para el “aseguramiento y/o los bienes patrimoniales necesarios para cubrir la suma demandada”, que equivale a los pagarés por 400 millones de pesos, más 120 millones por intereses y costos de ejecución.

La Corte posibilitó el año pasado el embargo de prerrogativas a partidos cuando deban dinero a particulares, lo cual llevó a Carlos Ahumada a interponer la demanda contra el PRD, partido que la rechaza y la delega a asunto entre particulares.