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En la antigua sede del Senado, se realizó el foro “El papel de los municipios ante una legislación que promueva, proteja y garantice los derechos de niñas, niños y adolescentes en México”, en el cual, Senadores y dirigentes de organizaciones en pro de la infancia hicieron recomendaciones para hacer eficientes programas y presupuestos para mejorar la calidad de vida de niños y jóvenes.

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La Senadora Angélica de la Peña Gómez (PRD), Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, indicó que los programas dirigidos a la niñez deben ser permanentes y estructurales, agregó que el reto para el país es pasar del asistencialismo a la atención de grupos en situación irregular.

Al respecto coincidió Eleazar García Sánchez, de la Red Mexicana de Ciudades Amigas de la Niñez, al plantear que son necesarios actos y alianzas que hagan que las acciones de protección de la niñez y adolescencia se conviertan en políticas de Estado y no de gobierno, para asegurar su continuidad sin importar los colores de las administraciones en turno.

Por su parte, Erika Strand, Jefa de Políticas Públicas de la UNICEF, señaló que 80% del gasto destinado a la infancia se invierte en salud y educación, dejando a todos los otros derechos con un poco menos, incluidos los derechos que tiene que ver con la protección para los niños y niñas y adolescentes más vulnerables.

Juan Martín Pérez García, de la Red por los Derechos de la Infancia, indicó que el 53% de la población infantil y adolescente de México son pobres: “22 millones más o menos de niños, niñas y adolescentes. Ocho de cada 10 de niñas indígenas son pobres”.

 

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