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El gobierno argentino advirtió hoy que continuará el juicio que inició en el Tribunal Internacional de La Haya en contra de Estados Unidos por violar la soberanía del país sudamericano en el manejo de su deuda.

Argentina's President Fernandez de Kirchner gestures during a ceremony in Buenos Aires

El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich y el canciller Héctor Timerman, encabezaron este martes una rueda de prensa para explicar los alcances de la demanda internacional que se interpuso la semana pasada.

Timerman reconoció que Estados Unidos no ha aceptado la jurisdicción de La Haya, pese a lo cual “Argentina seguirá exigiendo que respete el derecho soberano de seguir pagando su deuda sin interferencias”.

Las decisiones adoptadas por la justicia estadounidense, agregó, son “violatorias del derecho internacional y de las relaciones entre países soberanos”.

Por eso, dijo, Argentina seguirá insistiendo ante tribunales y organismos internacionales para que se le permita concluir un proceso que inició en 2005 en forma justa equitativa, sustentable y legal con el 100 por ciento de sus acreedores.

El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner apostó así a iniciar un litigio internacional que sólo avanzará en el improbable caso de que Estados Unidos acepte la jurisdicción de La Haya.

Argentina ingresó el mes pasado en un inédito, involuntario y confuso “default” (cesación de pagos) porque el juez estadunidense Thomas Griesa congeló depósitos por vencimientos de la deuda que había depositado a sus acreedores.

Estos fondos estaban destinados al 92.4 por ciento de los bonistas que aceptaron restructurar la deuda en los canjes de 2005 y 2010, y a los cuales Argentina les ha pagado puntualmente desde entonces.

Griesa frenó el depósito luego del fracaso de las negociaciones que Argentina mantuvo con los fondos buitre (especuladores) que, gracias a un fallo favorable de ese mismo juez, exigen pagos inmediatos de más de mil millones de dólares.

En ese sentido, Timerman aclaró que la presentación ante La Haya constituye una demanda contra Estados Unidos en el marco de una controversia entre Estados y no es una acción contra fondos buitre, ni una apelación o revisión de fallos de sus tribunales.

“Que quede claro que se trata de una controversia en la cual se discute en qué medida las decisiones de tribunales de Estados Unidos comprometen la responsabilidad internacional de dicho país”, afirmó.

(ntx)