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La legislación secundaria de la reforma constitucional en materia energética, aprobada recientemente por el Congreso y promulgada por el Ejecutivo Federal, incluye la nueva Ley de Industria Eléctrica que, entre otros aspectos, endurece los castigos contra quienes se roben la energía a través de diablitos o la alteración de medidores.

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El nuevo ordenamiento legal establece que se sancionará con multas a quien impida la medición y obliga a los usuarios a pagar el triple de la energía eléctrica hurtada. Asimismo, establece sanciones a funcionarios y líderes sindicales que, valiéndose de su cargo, obtengan ventajas del nuevo mercado libre de la industria.

La Ley de la Industria Eléctrica permitirá importar y exportar la energía y contar con una regulación de las tarifas, estableciendo sanciones para quienes incumplan el pago de las mismas. Además, ordena al gobierno federal a establecer el sistema de apoyos focalizados para los mexicanos en pobreza, tanto en zonas rurales como urbanas.

El Congreso de la Unión modificó la iniciativa del Ejecutivo Federal y eliminó el derecho del Estado a expropiar los terrenos que necesite la industria eléctrica y creo un sistema de conciliación previo a la decisión de ocupación temporal de tierras.

En el texto publicado en el Diario Oficial de la Federación se deja en claro que previo a la entrada en operación del mercado eléctrico mayorista, se podrá importar energía eléctrica y productos asociados en términos de las disposiciones que emita la Comisión Reguladora de Energía para reglamentar dichas transacciones.

 

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