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2013 comenzó con apenas un mes del nuevo gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, el cual se podría calificar como un inicio “atropellado” debido a las manifestaciones que se llevaron a cabo el 1 de diciembre de 2012, fecha en la que tomó protesta. 

resumen enero

Este fue un movimiento que hicieron llamar #1DMX y que encontró en las redes sociales un gran canal de difusión, donde los participantes denunciaron con fotografías y videos, las agresiones que sufrieron por parte de los cuerpos policíacos, lo que llevaría a cuestionar las primeras acciones del nuevo gobierno, pero sobre todo, el regreso después de 12 años, de un partido que gobernó por siete décadas y que se distinguió en algunos momentos de su pasado, por la represión.

Un día después, se anunció el Pacto por México, un acuerdo político nacional firmado por el Presidente de la República y las tres principales fuerzas políticas de México, el Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática, que contiene cinco grandes acuerdos que promueven los cambios necesarios para culminar la transición democrática e impulsar el crecimiento económico que genere empleos de calidad para los mexicanos, y permita disminuir la pobreza y la desigualdad social.

Dicho Pacto también recibió críticas entre académicos y distintas organizaciones que sostuvieron que éste no está constituido en base al consenso ni representa la pluralidad del país y resulta ambiguo y poco detallado. Con todo y estas críticas, se empezó a trabajar en las reformas que necesita México para salir adelante, en las que, desde el punto de vista de los que suscribieron, trascendía las diferencias políticas y colocaba los intereses de las personas por encima de cualquier interés partidario.

El caso Florence Cassez fue punto de atención en la población mexicana el 23 de enero cuando la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió otorgar un amparo “liso y llano” en el que ordenaba la liberación inmediata de la ciudadana francesa que fue sentenciada a 60 años de prisión por el delito de privación ilegal de la libertad. Para algunos, el caso fue una victoria para los derechos humanos; para otros, una ofensa contra las supuestas víctimas, pero en general, la decisión generó un malestar al quedar evidenciada, una vez más, la falla del sistema jurídico mexicano en el que la corrupción y las ilegalidades se hicieron presentes.

Seis meses después de que el expresidente Felipe Calderón inició una controversia constitucional contra la Ley General de Víctimas que ya había sido aprobada en el Congreso, Enrique Peña Nieto decidió publicarla en el Diario Oficial de la Federación durante su gobierno, el cual reconoció que la ley era “perfectible”. Cuatro meses después, se creó un registro nacional de víctimas de delitos, y se incluyó la reparación integral del daño, con pago de indemnizaciones.

Y en este arranque sombrió, el jueves 31 de enero una explosión en la Torre Ejecutiva de Petróleos Mexicanos, ubicada en Marina Nacional, dejó al menos 37 personas muertas y 126 lesionados, además de cuantiosos daños materiales al edificio que durante 20 años fue el más alto de la Ciudad de México. Al día de hoy, la versión oficial es que el incidente ocurrió entre el sótano y primer piso de la torre B2 por una acumulación de gas.

Ana E. Martínez-Gracida Núñez

Twitter: @Moroccotopo77