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El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó con modificaciones en lo general y artículos no reservados, el dictamen que expide la Ley Federal de Consulta Popular.

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Con 431 votos a favor, 36 en contra y una abstención, fue avalada dicha legislación que garantiza a los ciudadanos ejercer su derecho de opinión, mediante el voto emitido, respecto de uno o varios temas de trascendencia nacional, cuyo resultado será vinculatorio para los poderes Ejecutivo y Legislativo, así como para las autoridades competentes, cuando la participación total corresponda, al menos, al 40 por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores.

Podrán solicitar una consulta popular: el Presidente de la República, el equivalente al 33 por ciento de los integrantes de cualquiera de las cámaras del Congreso de la Unión, o los ciudadanos en un número equivalente, al menos, al 2 por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores.

En el caso de los ciudadanos, deben haber obtenido el apoyo ciudadano en un número no inferior a 17 entidades federativas, que representen cuando menos el 1 por ciento de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores en cada una de ellas.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revisará la constitucionalidad de la pregunta que se aplicará y sobre el tema que se va a consultar a la ciudadanía y tendrá un plazo de 20 días naturales para resolver sobre la materia a partir de la recepción de la solicitud por parte del Congreso de la Unión. Los pronunciamientos de la SCJN relativos a la constitucionalidad de la consulta popular “son inatacables”.

Se prohíbe la difusión de programas de gobierno para evitar influir en la decisión de las personas que participen y la promoción de la Consulta estará a cargo del Instituto Federal Electoral, por lo que ninguna otra persona, sea física o moral, a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión.

Serán objeto de consulta popular los actos de carácter legislativo del Congreso de la Unión, así como los administrativos del Ejecutivo federal, siempre que sean de trascendencia nacional.

Los temas deberán tener esta condición y serán calificados por la mayoría de los legisladores presentes en cada cámara, con excepción de la consulta propuesta por los ciudadanos, en cuyo caso lo resolverá la SCJN.

Se entiende por trascendencia nacional cuando el tema repercuta en la mayor parte del territorio nacional; impacte en una parte significativa de la población; proponga la creación, modificación o eliminación de políticas públicas que repercutan en la mayor parte del país o afecten a una parte significativa de los ciudadanos.

Del mismo modo, proponga legislar sobre nuevas leyes o modificaciones a las existentes que repercutan en una parte significativa de la población, y los temas que determine el Congreso.

No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por la Constitución, así como los principios consagrados en el artículo 40 de la Carta Magna; la materia electoral; los ingresos y gastos del Estado; la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de las fuerzas armadas.

Se establece que el aviso de intención es un requisito que deben de agotar los ciudadanos, previo a la presentación formal de una consulta popular por ellos promovida.

Se detalla que para mayor objetividad y precisión de los resultados, solo podrá formularse una pregunta por cada consulta popular.

La minuta aprobada fue remitida al Senado para su revisión.

(Con información de Notimex)