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Sin mucha discusión, se aprobó en lo general la Ley de Manifestaciones Públicas en la Ciudad de México en comisiones y se acordó presentar las reservas en lo particular ante el Pleno de la Cámara de Diputados.

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Las Comisiones Unidas del Distrito Federal y de Derechos Humanos de San Lázaro remitirán a la Mesa Directiva el documento para ser enlistado en los asuntos pendientes.

La propuesta plantea que los manifestantes informen con 48 horas de antelación a la movilización, a la Secretaría de Seguridad Pública capitalina (SSP-DF), a fin de apoyar a los ciudadanos y preservar garantías para los manifestantes como el derecho de libre manifestación de forma pública y ordenada y el derecho de utilizar de manera organizada las vialidades de la Ciudad de México. No obstante, quedará prohibido el bloqueo total y el desarrollo de manifestaciones en vialidades primarias; en caso contrario, la autoridad podrá disolver la manifestación.

Además, en caso de prohibirse una manifestación, se tendrá la posibilidad de presentar una inconformidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del DF, y en todo momento los manifestantes podrán denunciar irregularidades cometidas por las autoridades.

Se contempla también como obligatorio que en toda manifestación haya elementos de la Comisión de Derechos Humanos capitalina con el fin de no criminalizar las protestas sociales.

La iniciativa también propone prohibir a los manifestantes el proferir insultos o amenazas, emplear violencia en contra de las personas y sus bienes, intimidar u obligar a la autoridad a resolver algún asunto en el sentido que deseen.

La ley busca también que la autoridad trace rutas alternas, elabore planes en caso de que se presente alguna contingencia y preste servicios básicos a los participantes.