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A casi un año de gobierno de Enrique Peña Nieto, el cambio en su estrategia de derechos humanos continúa siendo, en gran medida, exclusivamente retórico, señaló la organización Human Rights Watch (HRW).

EPN HRW

En una carta enviada por la organización Human Rights Watch al presidente de México, Enrique Peña Nieto, se menciona que su gobierno no ha mostrado avances significativos en la investigación de abusos del pasado, y se continúan produciendo nuevas violaciones graves de derechos humanos con impunidad.

El director de HRW México, José Miguel Vivanco, menciona en dicho documento que el gobierno de Peña Nieto ha adoptado algunas medidas positivas en materia de derechos humanos, como la promulgación de la Ley General de Víctimas, pero aún no se ha adoptado la correspondiente ley reglamentaria.

Indicó que Human Rights Watch ha identificado casos que demuestran que militares y policías continúan cometiendo graves abusos de manera impune durante la administración actual. Estos hechos incluyen desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y torturas en estados de todo el país, perpetradas por miembros de todas las fuerzas de seguridad en el ámbito federal, estatal y municipal.

En la carta, Vivanco recrimina al presidente Peña de no haber dado los pasos necesarios para hacer cumplir la prohibición del uso de pruebas obtenidas bajo tortura, entre ellos mejorar la implementación del nuevo sistema de justicia penal, por lo que la práctica de tortura persiste en algunas partes del país.

Vivanco señala que la administración de Peña Nieto hasta ahora no ha definido un plan concreto sobre cómo reducir la violencia, a pesar de que miembros de su gabinete han coincidido en sus críticas a la llamada “guerra contra el narcotráfico” impulsada por el expresidente Felipe Calderón.

Denuncia incluso, que por el contrario, cuando la situación de la violencia ha requerido una intervención federal, la estrategia de Peña Nieto pareciera haber sido prácticamente indistinguible de la de su predecesor, citando como ejemplo el caso de Michoacán, donde recientemente se ha enviado a cientos de soldados para vigilar el área.

Vivanco continúa su carta recriminando al presidente que durante su administración también ha continuado una práctica del gobierno de Calderón que consiste en referirse despectivamente a víctimas de violencia acusándolas de delincuentes, sin ninguna evidencia que lo demuestre.

Concluye su carta indicando que periodistas y defensores de derechos humanos en México continúan enfrentando graves riesgos debido al trabajo que realizan y hace un exhorto para que en los siguientes cinco años de mandato, el presidente revierta el curso, fomente la justicia por los abusos del pasado y demuestre un compromiso verdadero con la prevención de nuevos hechos.