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El Pleno de la Asamblea Legislativa aprobó con 38 votos a favor, seis en contra y una abstención, el dictamen para reformar los artículos 130, 123, 241 y otros más del Código Penal del Distrito Federal, con el fin de inhibir y castigar la conducta violenta hacia las autoridades por parte de quienes desvirtúan las genuinas movilizaciones sociales.

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Al fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, el diputado Arturo Santana Alfaro explicó que lo anterior ha sido una demanda de la ciudadanía que ha venido presentándose de manera latente en los últimos meses a partir del primero de diciembre de 2012, cuando en algunas marchas se registraron hechos de violencia.

El diputado resaltó que siendo los organismos de seguridad pública los encargados de velar por la seguridad y brindar protección a todos los habitantes de la capital, esta labor ha sido limitada en los últimos meses, y el respeto por la investidura que representan se ha rebasado, ocasionando con ello ataques a la paz pública, lesiones, amenazas, daño en propiedad ajena, robo, etc.

El diputado destacó que el DF es la entidad en donde más manifestaciones, marchas, plantones, congregaciones y eventos públicos diversos se realizan, pero desafortunadamente las protestas se han pretendido desvirtuar con la infiltración de pseudomanifestantes.

Abundó que no debe tolerarse que existan personas que bajo el anonimato de una máscara o de un pasamontañas lastimen y lesionen a los encargados de velar por la seguridad, lo cual resulta vergonzoso; lamentó que se realicen daños hacia los monumentos, edificios históricos y comercios, así como saqueos bajo el supuesto del ejercicio de un derecho.

El diputado aclaró que estas disposiciones no criminalizan la movilización y la protesta social, pero tampoco se permitirán excesos que atenten contra la libertad de las personas, las lesiones u ocasionen daños en propiedad pública o privada.

La reforma consiste en incrementar hasta la mitad las penas del castigo, por lo que el manifestante que asesine a un policía que vigile una concentración pública recibirá hasta 30 años de cárcel, ya que actualmente, el Código Penal señala que se impondrán de ocho a 20 años de prisión a quien “prive de la vida a otro”.

Las penas también se incrementarán a la mitad cuando se realicen lesiones dolosas contra elementos de corporaciones policiales; el mismo caso aplica por motivos de robo y daños a la propiedad.