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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) volverá a analizar el caso de Rafael Caro Quintero; el proyecto busca que se llegue a la conclusión de que el narcotraficante no debió ser dejado en libertad por el tribunal de circuito. 

Caro quintero

La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación volverá a analizar el caso de Rafael Caro Quintero; en este proyecto de revisión se ha propuesto dar la razón a la Procuraduría General de la República (PGR) en el sentido de que el asesinato del agente de la Agencia Antidrogas Estadounidense (DEA), Enrique Camarena Salazar, y del piloto mexicano Alfredo Zavala Avelar, fueron delitos del orden federal, por lo que Caro Quintero no debió de haber sido dejado en libertad por un tribunal de circuito.

Este documento ha sido elaborado por el ministro Arturo Zaldívar y será discutido el miércoles; el mismo propone revocar el amparo que liberó a Caro Quintero, concedido por un tribunal colegiado.

Se propone que una vez que se entienda que el delito era de corte federal, el recurso de revisión presentado por la PGR, Enrique Camarena y Geneva Alvarado Camarena, sea regresado al tribunal colegiado para que emita una nueva resolución sobre el amparo concedido a Caro Quintero, quien cumplió 28 de los 30 años a los que fue sentenciado y salió de la cárcel gracias a dicho amparo el pasado septiembre.

Los ministros de la primera sala no han definido su posición con respecto al proyecto del juez Zaldivar. En 2012, la primera sala rechazo la atracción de la solicitud de amparo de Caro Quintero por considerar que no era un asunto de trascendencia o relevancia, por lo que decidió regresar el expediente al Primer Tribunal Colegiado de Jalisco. Esa instancia, finalmente, decidió amparar al narcotraficante de los años ochenta.

Gracias a ese recurso, Caro salió en libertad el pasado 9 de agosto, lo que provocó sorpresa en la PGR y el enojo del gobierno estadunidense, que ya solicitó a México reaprehenderlo con fines de extradición.

En el juicio de revisión, la PGR le pide a la Corte que se pronuncie sobre el alcance del artículo 104 de la Constitución en lo que hace a los delitos cometidos por representantes consulares o diplomáticos.

Para amparar a Caro Quintero los magistrados argumentaron que Camarena no era un diplomático o consular en funciones, por lo que su asesinato debió ser procesado en un juzgado del fueron común y no en uno federal, como ocurrió.